En esta sección encontrará los principales textos legales vigentes, nacionales e internacionales, que contienen disposiciones directamente relacionadas con pueblos indígenas. En el caso del pueblo rapa nui, se han incluido los estatutos que regulan el territorio especial de la Isla de Pascua, en tanto ésta constituye su territorio histórico.
Del mismo modo, podrá acceder a documentos pertinentes elaborados tanto por terceros como por especialistas por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Total de resultados: 80
Poblete Vásquez, Mario Eduardo
En Chile, si bien desde la década de 1990 hasta la actualidad hay considerables avances en términos de Educación Intercultural Bilingüe, aún se observa que esta permanece anclada a concepciones asimilacionistas —es decir, renunciando a aspectos sociales distintivos de una cultura indígena— y que conciben a la diversidad étnica en términos eminentemente folclóricos o festivos. En este sentido, las demandas del mundo indígena avanzan más allá de los aspectos denominados folclóricos. En particular, en el contexto de la EIB, se persiguen, al menos tres objetivos: Que el sistema educativo sea intercultural para todos los chilenos, que la EIB alcance a todas las niñas y niños de los pueblos indígenas, que exista participación indígena efectiva en la toma de decisiones sobre educación. Finalmente, hasta la fecha de este informe, se puede observar una desconexión entre, por un lado, los avances logrados hasta ahora por el Programa de EIB del MINEDUC y, por otro lado, las demandas del mundo indígena y sus organizaciones promotoras.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
En las últimas décadas, el derecho internacional ha procesado los reclamos de los pueblos indígenas como una cuestión de derechos humanos. El movimiento mapuche ha presentado sus reivindicaciones utilizando ese lenguaje. Este informe presenta cinco demandas mapuche en clave de derechos humanos: la autonomía territorial como forma de libre determinación indígena; la libertad de los dirigentes y comuneros encarcelados en el marco de procesos vinculados a la violencia rural, como reparación a violaciones al debido proceso; la representación parlamentaria mapuche y la consulta previa indígena como derecho a la participación política; la demanda territorial como derecho a la tierra y al territorio y al medio ambiente; y la educación intercultural como derecho a la educación. Además, se describen los estándares internacionales correspondientes y los principales actores que sostienen las respectivas demandas. En el caso de la demanda territorial, se pone el foco en la descripción del conflicto.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
El Convenio 169 de la OIT establece la obligación de consultar en forma previa las medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. El Relator Especial ha agregado que debe tratarse de una afectación que impacte de manera diferenciada a los pueblos indígenas (especificidad de la afectación), y que debe incluirse la participación indígena en todas las fases de la formación de la ley. El Decreto que regula esta obligación respecto del poder Ejecutivo señala que lo que debe consultarse son los ante-proyecto cuando sean causa directa de una afectación significativa y específica. La práctica legislativa muestra que se han aplicado distintos criterios de susceptibilidad de afectación directa. Existe consistencia en relación con los proyectos de ley establecen disposiciones dirigidas explícitamente a pueblos indígenas. Cuando se trata del estatuto general aplicable a recursos naturales ha primado la no afectación (UPOV-91, Código de Aguas, Ley General de Pesca), a pesar de la opinión en contrario del Relator Especial de Pueblos Indígenas. Sin embargo, la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sí fue sometido a consulta, ateniendo la eventual afectación de tierras y territorios indígenas. Por otra parte, también ha sido sometido a consulta previa la creación de organismos públicos, aun cuando no contenían disposiciones específicas sobre indígenas, posiblemente porque su configuración podría afectar directamente a pueblos indígenas, por ejemplo, en materia de participación en la elaboración de planes y programas.
Hernández Araya, Rafael Andrés
Dentro de los mecanismos que los países adoptan para incluir a las minorías étnicas en sus legislaturas, los escaños reservados son parte de los más recurrentes. Sin embargo, con el objeto de garantizar la inclusión de representantes indígenas en los parlamentos puede optarse entre diversos tipos de arreglos. Usualmente, las legislaciones se decantan por el establecimiento de distritos especiales, en los que solo pueden presentarse candidatos que pertenezcan o representen a comunidades indígenas. En el caso de Colombia, la circunscripción especial creada para tal efecto es de índole virtual, pues no se constituye como una parte de la división territorial del país. Por tanto, cualquier elector puede optar por participar de la elección de representantes indígenas, o no. Para el resto de los casos tratados – Bolivia, Fiyi, India, Nueva Zelanda y México -, los distritos electorales se conforman como partes específicas del territorio, típicamente aquellas donde la concentración de población indígena es mayor.
Poblete Vásquez, Mario Eduardo
Este informe comienza definiendo los conceptos de multiculturalismo e interculturalidad, los cuales, en general, están asociado s a procesos de integración de la diversidad cultural, tienen orígenes geográficos diferentes. Luego, el foco se posiciona sobre la problemática de la integración cultural en Bolivia y Ecuador, previa a la ascensión al poder de Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente. A continuación, el informe describe la situación más reciente de los modelos de integración indígena y cultural en estos dos países, para, finalmente, describir dos políticas específicas relativas a este ámbito, que son las de Educación Intercultural Bilingüe.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
La Comisión Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, ha requerido información para determinar si el contenido de cinco proyectos de reforma constitucional que están pendientes de tramitación en dicha comisión, ha sido incluido en lo consultado en el Proceso Consulta Constituyente Indígena impulsado por la presidenta Bachelet en el año 2017, en el contexto del proceso constituyente. Con ese objetivo,el presente documento se organiza entres partes. La primera presenta brevemente los elementos centrales de la obligación internacional de consulta previa indígena. La segunda, reseña el proceso de consulta previa indígena impulsado por el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet en el marco del proceso constituyente, esbozando los hitos de su desarrollo y sintetizando sus resultados. El último apartado resume las ideas matrices de cada uno de los proyectos indicados por la Comisión requirente, y lo contrasta con los temas que fueron objeto de la consulta constituyente indígena.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, ha solicitado un informe a la BCN que la ilustre sobre las obligaciones que competen a la corporación en materia de consulta previa indígena, y que explique el procedimiento vigente en Chile para llevarla a cabo. Para ello, el primer apartado de este trabajo se refiere en general a la consulta previa indígena como obligación internacional, y en particular a las fuentes y contenido de la obligación del Congreso Nacional en esta materia. Para ello, se recurre al texto del Convenio 169 de la OIT, a las opiniones del Comité de Expertos de la propia OIT, las opiniones del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH). También se incorporan los criterios del Tribunal Constitucional chileno y la práctica desplegada por el Gobierno en la materia. En el segundo apartado, se explica brevemente el procedimiento de consulta previa indígena aplicable a las consultas impulsadas por el Gobierno Central.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
La consulta previa indígena es una obligación internacional emanada principalmente del Convenio N° 169 de la OIT. Esta supone, entre otras cosas, consultar a los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas y mediante un procedimiento que busque, de buena fe, llegar a un acuerdo, antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectar sus derechos e intereses. En 2017, en el marco del proceso constituyente, el gobierno de la Presidenta Bachelet llevó a cabo un proceso de consulta que abarcó dos grandes ejes en materia de pueblos originarios: el reconocimiento constitucional y los derechos de participación política. Dicho proceso finalizó con acuerdos completos y otros parciales, además de propuestas adicionales a esa consultadas y medidas respecto de las que no se alcanzó acuerdo con el Estado. Ninguno de los proyectos de interés de la Comisión fue incluido en la consulta constituyente indígena. Sin embargo, algunos de los temas que abordan sí lo fueron, aunque los acuerdos alcanzados en estos parecen, exceder los contenidos de dichos proyectos.
En el informe se examina la situación de los pueblos indígenas en México con base en la información recibida por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017 e investigación independiente.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas de buena fe y con la finalidad de alcanzar su consentimiento, cada vez que se prevea adoptar medidas legislativas que puedan afectarlos. Estas son aquéllas que puedan conllevar un impacto directo y específico sobre dichos pueblos. Lo que gatilla la necesidad de consulta es la posibilidad de afectación (no su certeza); su carácter directo (no remoto); y específico, o sea, que, aunque la medida tenga un alcance general, pueda generar un impacto en los pueblos indígenas en tanto tales. En cuanto a las medidas favorables a los pueblos indígenas, el Convenio señala que no pueden adoptarse contra la voluntad expresa del pueblo concernido, lo cual ha sido entendido como un derecho a veto en la literatura. Esto supondría un mecanismo de consulta, pero distinto del tradicional, pues debería organizarse en función de permitir que se exprese libremente la voluntad del pueblo concernido y no necesariamente en función de alcanzar un acuerdo.